El propósito de esta reflexión es sostener que estas reivindicaciones de tipo administrativo y financiero solamente tienen sentido si hay un proyecto académico que lo fundamente, vale decir,  la defensa de la financiación adecuada para la universidad pública es una exigencia ética, académica y política de acuerdo con su naturaleza, función y misión en el proyecto de construcción de un país con democracia y justicia social, que se oriente a superar las brechas de desigualdad e injusticia, y se apoye en una educación pública de excelencia, con presencia regional y proyección social.