¿Pero cómo no soñar
con un país donde nadie
esté en la lista de espera
de los grandes señores
de todas las orillas
de la guerra?

Juan Manuel Roca

La universidad pública condensa y refleja el devenir de la nación. Allí se sedimentan, tanto como transcurren, la desigualdad y la violencia política. De los repertorios de la guerra, las y los estudiantes son quienes han quedado más expuestos a violaciones de derechos humanos a través de asesinatos selectivos, acosos planificados, estigmatizaciones y persecuciones judiciales. Aunque las tensiones políticas de la sociedad colombiana se hacen manifiestas en distintos escenarios, la universidad pública ha sido un teatro de operaciones para la represión, lo que ha conllevado a la opacidad del trabajo académico que juiciosamente se desarrolla en las instituciones de educación superior. 

Las prácticas represivas no son fenómenos que se hayan ejecutado de forma homogénea en el país. Se trata de repertorios articulados que varían según las dinámicas, las estructuras y los actores involucrados en el mapa de los conflictos a nivel territorial. En regiones como el Caribe y Antioquia, el paramilitarismo fue el principal actor que golpeó a las comunidades universitarias. En Bogotá, donde es menos clara esta conexión, no sorprende —lastimosamente— encontrar que han sido instituciones estatales las protagonistas en la represión a estudiantes de la universidad pública.

Así lo reconoció el exvicepresidente y general retirado Óscar Naranjo Trujillo, quien en el marco de los “Encuentros por la Verdad” aceptó, en nombre del Estado, que desde la Policía Nacional se configuró un discurso y unos dispositivos para perseguir y estigmatizar a la universidad pública. Pero lo que para él —quizá con un propósito de reconocimiento y búsqueda de perdón genuina— fue un error, por “no habernos acercado para superar las desconfianzas”, no es cosa distinta que la materialización de la doctrina del enemigo interno que pone en riesgo a las universidades públicas y al pensamiento crítico. De eso hemos vivido mucho, dolorosamente.

La reflexión sobre la estigmatización y la persecución a las y los jóvenes universitarios se inscribe en un trazado mucho más amplio, del cual recientemente intentamos entregar aproximaciones analíticas en el libro ¿Cuál paz para esta guerra? ¿Para esta guerra, cuál paz?. En ese trabajo hacemos explícitos algunos elementos de contexto que, en clave crítica, son contribuciones para la propuesta de Paz Total del actual Gobierno. Proponemos tres ejes problematizadores para leer la realidad: tensionar el contexto desde la lectura de los actores involucrados, sus prácticas, intereses y motivaciones en la guerra y en la posibilidad de construir la paz con justicia social; problematizar la denominada Paz Total del Gobierno desde su conceptualización política, jurídica y práctica; y exponer cómo se mueve la coyuntura atendiendo a la urgencia de las dinámicas belicistas y de represión.

A dos años de una declaración de política pública sobre la Paz Total, en Colombia la guerra sigue desatándose. El país no logra transitar de unas gramáticas de la guerra a unas gramáticas de paz. Gramáticas de guerra sostenida sobre la representación del enemigo interno y el afianzamiento de la doctrina de seguridad nacional. De ahí que nos preocupe la campaña de estigmatización que históricamente se cierne sobre las universidades públicas y que ha generado tantas víctimas, como lo hemos vivido en la Universidad Pedagógica Nacional.

Este Gobierno ha entregado múltiples declaraciones en las que se compromete a reparar integralmente los daños que se han producido en nombre de la seguridad nacional. Para lograr eso, creemos, es importante establecer el lugar que ocupa el Estado colombiano en la fluctuación entre guerra y paz por lo menos en tres sentidos: i) como actor de la guerra; ii) como garante del derecho a la paz, y iii) como responsable de consolidar una política de Estado que garantice la no repetición. Responsabilidades que propendan por garantizar, materializar y confirmar efectivamente este derecho, movilizando hasta el límite todos sus recursos disponibles. Recursos que no son solo militares, industriales o agrícolas. Recursos que también son educativos.

Tal posición ubica a la universidad, especialmente a la pública, como espacio social para la construcción de una paz duradera. También exige la capacidad y el empeño del Estado en despojarla de cualquier tipo de sospecha o estigma que coarten el pensamiento pedagógico, político y sociocultural que es, en esencia y misión, pensamiento crítico. Pensamiento que invita a que la sociedad dialogue sobre nuevos paradigmas y transite hacia nuevas gramáticas de la paz con justicia social.

Desde allí, el Estado también puede impulsar la capacidad de toda la nación de emprender la paz, para lograr, en la misma lógica, desmontar la guerra total. Esa guerra que hemos padecido durante décadas, generación tras generación, en la universidad pública. Para ello se requiere creer en la educación y en sus comunidades educativas; así como tener voluntad y sagacidad política, también en triple vía: construir la paz, dejar de hacer la guerra y contribuir a desmontar los estereotipos que han facilitado la represión política.  

Por lo anterior, hago pública la invitación al Dr. Daniel Rojas Medellín, Ministro de Educación, a la Dra. Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General de la Nación y al Dr.  Iván Velásquez Gómez, Ministro de Defensa, en procura de establecer una mesa de trabajo de alto nivel con la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE, para que cese la estigmatización y persecución de la universidad pública.