En días pasados el debate sobre la Ley Estatutaria de Educación, ubicó de nuevo en el centro de la discusión nacional la urgente necesidad del reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental y bien común, que cubre todo el proceso de escolarización desde la educación inicial hasta la superior. Sin embargo, el proyecto de ley se hundió y junto a él, naufragó silenciosamente la reforma tan anhelada a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87.

La gravedad del hundimiento de las dos iniciativas legislativas para el caso de la educación superior pública y en especial para la Universidad Pedagógica Nacional, radica en los siguientes elementos problematizadores:

El primero, respecto a la Ley Estatutaria de Educación no se logró afianzar el reconocimiento a la educación superior como derecho fundamental y por ende las obligaciones de garantía y protección inmediata por parte del Estado, siguen condicionadas a la disponibilidad económica del país y a la asignación presupuestal siempre reducida, la cual se encuentra establecida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.   

El segundo, se perdió la oportunidad de atender en esta legislatura la deuda histórica con la educación superior pública. Deuda que ha propiciado su desfinanciación gradual y estructural, y con ella la instalación de condiciones de precarización de la vida universitaria.

El tercero, mantiene (con algunas grietas) el modelo de financiación orientado al subsidio a la demanda, en el que los recursos de la educación pública superior han aportado significativamente el sostenimiento de matrículas de la educación superior privada.

Todo lo anterior imposibilita que instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional puedan avanzar como lo demandan la realidad institucional y el país en términos de la dignificación y el porvenir de sus profesores, trabajadores, administrativos y estudiantes, a pesar de contribuir por décadas en la formación de generaciones de maestros y maestras y, por ende, en la formulación de políticas educativas.

La situación es de tal magnitud, que los ingresos del Presupuesto General de la Universidad en las vigencias 2019-2023 por vía de las transferencias corrientes, como indican los ya señalados artículos de la Ley 30, corresponden tan solo al 53% del presupuesto general, el otro 47% se debe apalancar con otras fuentes de ingresos.

En esta misma dirección, el presupuesto de gastos del 100% del presupuesto anual, el 84% se destina al funcionamiento y el 16% a la inversión. Esta situación ha tenido una variación en el 2024 donde se ha logrado aumentar la inversión al 23% y un 73% al funcionamiento.

Se debe destacar que, por el componente de otros ingresos corrientes, los aportes del gobierno nacional por gratuidad de matrícula, y los recursos del distrito capital por programas como “Jóvenes a la U”, aunque reducen cargas en el presupuesto, resultan insuficientes para la dignificación de la comunidad universitaria.

Sobre este panorama el Estado colombiano tiene una deuda histórica en su financiación, con una institución que tiene 97 años de historia con el Instituto Pedagógico Nacional, 90 años de la Escuela Maternal y 67 años de la Universidad.

Para avanzar entonces con el reconocimiento de plenos derechos necesitamos una nueva oportunidad con la Ley de Educación Superior, que logre avanzar en la financiación de la formalización de las plantas de personal de la Universidad y del IPN, así como en su infraestructura.

Los recursos que se necesitan para saldar la deuda histórica y reconocer la importancia de la única universidad uniprofesional en el país, requerirán para la planta docente el doble de la cifra actual del presupuesto que supera los $100 mil millones, y para la planta administrativa $31 mil millones aproximadamente, sin contar con los y las trabajadoras oficiales. Y para los desarrollos de infraestructura en diseños construcción y adecuación de instalaciones, la suma asciende a los $60 mil millones.

Este mapa de necesidades estructurales requiere de la suma de múltiples voluntades instituidas e instituyentes que revitalicen nuevamente la construcción y agenciamiento de la educación como derecho fundamental, en un país que le apuesta al porvenir como promesa de dignificación de la vida. Para hacer posible este compromiso desde la Universidad Pedagógica Nacional seguiremos en el intento inquebrantable de aunar esfuerzos vinculados con los espacios legislativos, dinámicas universitarias, procesos estudiantiles, escenarios del Ministerio de Educación Nacional, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, Escuelas Normales, el Sistema Universitario Estatal, sindicatos, redes de maestros, etc.

Atenderemos la materialidad de esta promesa acogiendo los inéditos viables de nuestro pedagogo latinoamericano Paulo Friere, para abrazar la esperanza de que otra educación más digna es urgente, necesaria y posible.