La Universidad Pública en Colombia se encuentra en crisis de financiación. Han pasado 32 años desde la expedición de la Ley de Educación y solo hasta este momento podemos reconocer que, en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, se ha logrado inscribir la educación superior como prioridad en el Presupuesto General de la Nación, con una cifra que para este año ya supera los $70 billones, y estimamos que en el proyecto de presupuesto general para el 2025,  el monto pueda crecer a los $90 billones, de modo tal que nos permita cubrir con el gran parte de la deuda histórica que el Estado tiene con las instituciones públicas en sus ejes misionales de docencia, investigación y proyección social, y en estos ejes otorgarle especial prioridad al Bien-Estar, para desplegar y potenciar un conjunto de iniciativas que nos ocupa y preocupa en la atención a nuestra comunidad universitaria.

A la fecha tenemos el artículo 118 de la Ley 30 de 1992, este contempla que se “…destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario”. Un presupuesto que debe distribuirse para proyectar y materializar los componentes del bienestar saludable (alimentación, salud, atención psicosocial y psicopedagógica), deporte, recreación, cultura, apoyos académicos y monitorias, entre otros. Sin embargo, este recurso es insuficiente.

Para el caso de la UPN, la destinación presupuestal para bienestar en la vigencia 2024 aumento al 5,68% de los recursos de funcionamiento, porcentaje que casi triplica lo normado por Ley 30; y a pesar de los esfuerzos en la reorganización y priorización del presupuesto seguimos teniendo faltantes financieros para atender a nuestros y nuestras estudiantes en perspectiva de garantía de derechos.

Este faltante lo podemos ejemplificar en caso concreto: en la UPN el 99% de sus estudiantes de pregrado pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Si ponemos el foco en el derecho a la alimentación, la Universidad solo puede ofrecer un promedio de 1.700 almuerzos diarios de 8.382 estudiantes de pregrado; y a pesar de estos esfuerzos, el costo de este componente de bienestar para la vigencia representa $2.548.266.934.

A lo anterior se vincula que, como institución pública, tenemos que lidiar cotidianamente con un contexto de precarización en las condiciones de existencia de estudiantes, trabajadores(as) y profesores(as), sumado a la condición de vulnerabilidad y a las expresiones de sufrimiento que fragilizan las relaciones sociales, fragmentan procesos de construcción del vínculo pedagógico y producen ambientes de hostilidad en los tiempos y espacios de la vida universitaria.

Estas situaciones se sitúan en el mapa de los conflictos que se exacerban y se territorializan en las experiencias de politización del malestar social, afectando el buen vivir de cada integrante de la comunidad, en sus dimensiones psíquicas, emocionales, físicas, cognitivas, materiales y culturales. Un malestar que nos ha abocado a situaciones muy dolorosas por la partida intempestiva del mundo terrenal de estudiantes de la universidad.

¿Qué podemos decir entonces ante esta producción de sufrimiento?, ¿desde dónde cuidarnos en medio de estas pérdidas inenarrables e irreparables?, ¿qué rituales para tramitar estos duelos colectivos?, ¿cómo hacer de la vulnerabilidad social una fuerza común compartida?, ¿cuál es nuestra capacidad institucional para atender, prevenir, sostener, investigar y formar en una política y en una ética del bien-estar?

Preguntas que se constituyen en una bitácora para repensar los enfoques del bienestar universitario, su posicionamiento y resignificación en el marco de las políticas educativas con la exigencia en el aumento de su asignación presupuestal.

De ahí nuestra declaratoria de “emergencia del cuidado”, la creación de una mesa del cuidado, el diseño de una cátedra institucional que tendrá como centro el cuidado como promesa y principio formativo, y la dinamización de un repertorio de estrategias en torno a los tejidos del cuidado.

Iniciativas que procurarán espacios de reflexión sobre y desde el bienestar, desde una perspectiva interseccional, interdisciplinaria e intergeneracional; y que dinamizarán conversaciones urgentes alrededor del cuidado y los conflictos; la construcción de rutas de prevención del suicidio; la activación de renovadas gramáticas de convivencia respetuosas, amables y generosas donde podamos descriminalizar y despatologizar a los(as) estudiantes.

Seguimos trabajando por el bien-estar de la comunidad UPN, pero tanto el fortalecimiento presupuestal, como el posicionamiento del bienestar universitario en la agenda educativa del país, desde una perspectiva del cuidado, son esenciales para avanzar hacia un disfrute pleno de derechos en la vida universitaria.

Nota: saludamos de manera especial la llegada del Ministro Daniel Rojas Medellín y lo invitamos junto al gobierno nacional, los partidos políticos y la comunidad universitaria, a trabajar en estructurar una propuesta de presupuesto general para la educación y en una agenda legislativa para modificar inicialmente los artículos 86, 87 y 118 de la Ley 30 de 1992.