La transición demográfica en Colombia es un fenómeno que impacta de manera directa las dimensiones económica, social y, no menos importante, la educativa. Es en esta última donde el efecto se hace especialmente evidente, pues compromete al sistema educativo en su conjunto, y en este sentido, la formación de maestras y maestros.

No estamos ante una simple tendencia estadística, sino frente a un cambio estructural que exige claridad de horizonte y un diálogo profundo entre nuestros anhelos de justicia social y las transformaciones sociales que este proceso trae consigo.

Según el DANE, en 2024 se registraron 453.901 nacimientos, la cifra más baja de la última década, lo que representa una disminución del 11,9% frente a 2023 y, con una diferencia más significativa de 31,3% respecto a 2015. No son datos anecdóticos ni pasajeros, evidencian una transición demográfica profunda. Colombia entra en una fase en la que habrá más personas mayores que niños y niñas. Las proyecciones del DANE indican que, hacia 2036, la población mayor de 60 años superará en número a la población menor de 15 años.

Este escenario acentúa, sin rodeos, la urgencia de reestructurar el sistema educativo tradicional. Menos niñas y niños implican menor demanda en los niveles preescolar, básico y medio, especialmente en territorios rurales y de baja densidad poblacional. Pero no podemos permitirnos una respuesta pasiva: cerrar escuelas o recortar recursos sería profundizar las desigualdades educativas contra las que llevamos décadas luchando.

Si no anticipamos una estrategia de mediano y largo plazo, la caída en la natalidad puede ser interpretada como una justificación para “invertir menos en educación”. Esa lógica reductiva, es decir, menos estudiantes, menos educación, es inaceptable. La educación como derecho y bien común no es, ni puede ser, un costo ajustable a la matrícula, sino una inversión estratégica como motor del desarrollo del país, aún más necesaria en un país que envejece. Si transformamos esta mirada, la escuela podrá transitar hacia un espacio comunitario intergeneracional, con mejores condiciones educativas y mayor pertinencia social.

En muchos municipios rurales, la disminución de la población infantil podría convertirse en una excusa que conduzca al cierre o fusión de instituciones educativas, exacerbando la desigualdad histórica impuesta en estos territorios. Esto exige políticas públicas que no solo redistribuyan la planta docente, sino que, nos exige repensar en el sistema de formación docente y en el modelo escolar: escuelas multigrado fortalecidas, modalidades flexibles e instituciones convertidas en centros comunitarios del cuidado. No basta con esperar a que la población se adapte; debemos construir, con quienes habitan los territorios una oferta educativa viable, digna y pertinente.

En este nuevo panorama demográfico las y los maestros deberán enseñar en contextos más heterogéneos y, además, actuar como puentes intergeneracionales en comunidades con mayor presencia de personas adultas y adultos mayores. Es indispensable fortalecer su formación en pedagogías inclusivas e interculturales, competencias digitales, educación ambiental, trabajo organizativo comunitario y educación para la vida y el envejecimiento.

A pesar de los datos alarmantes del DANE aún no existe un debate público o institucional a la altura del desafío de reestructurar el sistema educativo. No podemos seguir planificando a corto plazo. Necesitamos una estrategia de largo alcance y de aquí también radica la importancia del nuevo Plan Decenal en Educación que se lidera desde el Ministerio de Educación con la asesoría y acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional.

Ahora bien, este proceso también abre oportunidades históricas. Aunque habrá menos niñas y niños, esta coyuntura nos permitirá mejorar la excelencia educativa: grupos más pequeños, mayor especialización docente, más recursos por estudiante. Y en una sociedad que envejece, y ante la crisis del antropoceno, la escuela podrá ampliar su papel social promoviendo la educación ambiental, la educación y alfabetización de adultos, la alfabetización digital, la participación política y comunitaria, y el fortalecimiento de los sistemas de educación propia de las comunidades.

La transición demográfica en Colombia no es un asunto neutro ni meramente técnico, por el contrario, es profundamente político, social y educativo. Nos obliga a enfrentar preguntas sobre equidad, diversidad, sustentabilidad y el sentido mismo del sistema escolar desde la educación inicial hasta la superior. Y demanda respuestas estructurales, no paliativas.