Este primer PDE planteó: I) convertir la educación en un propósito nacional y asunto de todos; II) lograr que la educación se reconociera como eje del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación; III) desarrollar el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología; IV) integrar orgánicamente en un solo sistema la institucionalidad del sector educativo y las actividades educativas de otros entes estatales y de la sociedad civil; y, V) garantizar la vigencia del derecho a la educación.

La meta, en ese entonces, era que para el 2005 se destinara “[…] el 8.5% del P.I.B. a la educación, proviniendo el 6.5% el sector público y el 2.0 % del sector privado” […] (MEN, 2000). Sin embargo, la propuesta se diluyó y se perdió la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento del derecho a la educación.

Está finalizando el PDE 2016-2026. Su formulación estuvo signada por la presencia de intereses de grupos del sector educativo privado que buscaron forjar un modelo en el que la educación dependiera de grandes capitales y organismos multilaterales. Para poner un ejemplo, propone que “La educación en el 2026 deberá ser gratuita y de calidad en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la terciaria […]”, pese a esto, se trató de un decenio que marcó la profundización de la crisis de desfinanciación y marchitamiento de la educación superior pública; favoreció el subsidio a la demanda, que se llevó cuantiosos recursos de la educación pública superior a instituciones privadas; fragmentó la articulación de la educación media con la superior; fortaleció lo técnico y lo tecnológico (como mano de obra calificada).

Por lo anterior, requerimos con urgencia que la construcción del nuevo PDE reoriente los horizontes y se constituya como referente en la política pública educativa, esté al servicio de las transformaciones de la sociedad en sus territorios, instituciones educativas y proyectos de vida para el delineamiento de un sistema robusto, sostenible, relevante y pertinente que atienda con principios de justicia social, equidad y paz.

En este sentido, el PDE 2026-2036 puede permitir reconocer algunos elementos para garantizar su trazabilidad a corto, mediano y largo plazo:

• Atender evaluaciones de los alcances y sentidos de los PDE, al tenor de lo estipulado en la Ley General de Educación: “Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”, lo que implicaría la vinculación de la educación a la soberanía nacional, intereses populares y un gran proyecto pedagógico.
• Reiterar el cumplimiento del mandato de la Ley 115 de 1994 en su artículo 9 que indica que “el desarrollo del derecho a la educación se regirá por ley especial de carácter estatutario”.
• Enfocar el nuevo PDE en la defensa de la educación pública, la diversidad cultural y su fortalecimiento, sin desconocer el aporte de los particulares.
• Resignificar los criterios de evaluación de la calidad de la educación en función de la formación integral, y reconocer el valor de las prácticas pedagógicas de aula mas allá de los indicadores y estandarización de pruebas.
• Concertar un nuevo estatuto único de la profesión docente y propender por una reforma curricular frente a las nuevas realidades en la formación en cada uno de los ciclos de la escolarización, articulando con la educación superior.
• Definir un nuevo proyecto de formación que atienda las exigencias de la época desde políticas territoriales, demandas pedagógicas y alcances descolonizadores nacionales e internacionales, en diálogo con las facultades de educación, centros de investigación, organizaciones sindicales, así como con el cuerpo profesoral, el movimiento estudiantil y demás actores.
• Articular el PDE con una política clara y financiada en ciencia y tecnología en la educación.

Y nos permitimos dejar abiertas preguntas que posibiliten reflexionar colectivamente, y pueden aportar en la construcción del nuevo PDE:

 ¿Para qué sujetos, qué sociedad, tipo de nación y modelo de desarrollo está destinado este Plan?, ¿desde dónde recoger acumulados y debates epistémicos en torno a la formación, prácticas pedagógicas, nuevos campos de conocimiento y estudio referidos a la interculturalidad, educación propia, etnoeducación, pedagogías críticas, educación popular, relaciones entre ciencia y tecnología, los nuevos cimientos acerca de paz, memoria y DDHH?, ¿cómo garantizar, dentro de la discusión del Sistema General de Participaciones, el financiamiento del Plan Decenal?, ¿podrá ser este Plan una propuesta renovada para volver a debatir la Ley Estatutaria de Educación y reconocer el derecho a la educación como derecho fundamental desde grado 0 a la superior y como bien común?