“La educación no cambia el mundo:
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Paulo Freire
La irrupción de la inteligencia artificial -IA- en las universidades no puede leerse únicamente como la llegada de una nueva herramienta. Estamos ante una transformación que interpela el sentido de la educación superior, el lugar de la universidad pública y las formas mediante las cuales se produce, circula y democratiza el conocimiento. Por ello, antes de preguntarnos cómo incorporar la inteligencia artificial en las aulas, debemos preguntarnos al servicio de quién está, qué intereses la orientan y qué proyecto de sociedad contribuye a construir.
La IA se desarrolla en un modelo de tecnocapitalismo que concentra datos, algoritmos, infraestructura y capacidad computacional en unas pocas corporaciones globales. Esa concentración no es neutral, tras cada plataforma existen decisiones económicas, culturales y políticas que pueden profundizar dependencias, debilitar autonomías y convertir el conocimiento producido por las comunidades universitarias en un recurso de apropiación privada.
La discusión, entonces, no consiste en estar a favor o en contra de la tecnología. Otra perspectiva del debate es si las universidades serán consumidoras pasivas de soluciones diseñadas bajo la lógica del mercado o si asumirán un papel activo en la construcción de alternativas abiertas, democráticas y orientadas por el bien común del conocimiento y la biosfera. Para las universidades y ahora para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta es una responsabilidad ética, académica y política ineludible.
La educación es un derecho fundamental y un bien común. En consecuencia, la incorporación de la IA no puede convertirse en otro camino para mercantilizar la enseñanza, privatizar el saber o ampliar las desigualdades entre instituciones, territorios y comunidades. Cuando el acceso a las herramientas y a la capacidad de procesamiento depende de los recursos económicos, la promesa de innovación termina reproduciendo las brechas que afirma resolver.
Debemos formular preguntas incómodas. ¿Quién controla los datos que generamos? ¿Desde dónde se diseñan los algoritmos? ¿Qué sesgos reproducen? ¿Quién obtiene beneficios del conocimiento producido con recursos públicos? ¿Cómo protegemos la privacidad, la creación intelectual y la autonomía universitaria? ¿Tienen derechos los algoritmos? Estas preguntas nos conducen a reconocer nuevos derechos: soberanía tecnológica, transparencia algorítmica, titularidad colectiva de los datos y protección del conocimiento público, entre otros.
Sin embargo, el desafío no es solamente tecnológico. Es, sobre todo, en derechos y pedagógico. La expansión de la IA puede profundizar modelos educativos centrados en la productividad, la medición y la estandarización. También puede reducir el aprendizaje a tareas automatizables y desplazar aquello que constituye la esencia de la experiencia educativa: el encuentro humano, la conversación, la sensibilidad, la creación y la construcción colectiva de sentido.
La universidad no está llamada a formar personas expertas solamente en formular instrucciones a una plataforma. Su misión es formar sujetos capaces de comprender críticamente el mundo, imaginar alternativas e intervenir en la transformación de sus realidades. Ninguna máquina puede sustituir plenamente la deliberación ética, la experiencia situada, la imaginación política, el cuidado del otro y la otra, y la responsabilidad frente a los problemas comunes.
Por esa razón, lejos de desaparecer, el papel de las maestras y los maestros se fortalece. Educar es acompañar procesos de interpretación, discernimiento, creación y compromiso. La IA puede apoyar múltiples tareas académicas, pero no reemplaza la dimensión afectiva, ética y política de la relación pedagógica. La educación se construye desde la confianza, el diálogo, la experiencia compartida y el reconocimiento de la otredad.
También debemos defender una investigación crítica y socialmente comprometida. La IA puede ampliar nuestras capacidades para organizar información, identificar relaciones y explorar problemas complejos. Pero igualmente puede consolidar conocimientos homogéneos, descontextualizados y ajenos a las realidades de nuestros territorios. Desde América Latina, el Caribe y el sur global necesitamos producir tecnologías y saberes situados, fortalecer metodologías participativas y construir redes públicas de cooperación universitaria.
No toda innovación tecnológica constituye un avance social. La universidad tiene la obligación de pensar en los derechos, los límites y decidir qué tecnologías necesita la sociedad, bajo qué principios deben desarrollarse y al servicio de qué horizonte civilizatorio deben orientarse. Innovar también significa cuidar la vida, proteger la democracia, reconocer la diversidad de saberes y garantizar que nadie quede excluido.
La discusión sobre inteligencia artificial es, en el fondo, una disputa por el tipo de sociedad que queremos construir. Si dejamos sus decisiones exclusivamente en manos del mercado, profundizaremos desigualdades y dependencias. Si fortalecemos la universidad pública, la soberanía en ciencia y tecnología y el conocimiento abierto, podremos convertirla en una herramienta para ampliar las capacidades humanas.
Nuestra tarea es problematizar a la IA, gobernarla democráticamente y ponerla al servicio de la justicia social. El por-venir de la UPN dependerá de nuestra capacidad para preservar aquello que hace insustituible a la educación: formar personas críticas, sensibles, solidarias y comprometidas con la vida. Esa es la tarea histórica que hoy convoca a nuestra comunidad.
Para finalizar, resaltamos que estamos ante la presencia de una conciencia incómoda que produce desasosiegos implacables por la búsqueda de comprensiones filosóficas, antropológicas y pedagógicas que nos permitan dar respuesta a las dificultades y riesgos que concita la IA ante la mercantilización del conocimiento y la precarización del pensamiento. Por ello, tendremos como universidades que estar atentas ante la construcción de nuevas formas de movilización incentivadas por un deseo de justicia social, de autonomía y saber, de investigación y cultura.
Es nuestra responsabilidad como rectores de las universidades, promover una academia humanista, crítica, plural y en defensa de la vida, por sobre cualquier interés personal y político. Que la Universidad se constituya en un espacio para el pensamiento lúcido, sensible y comprometido.